La CLÁUSULA SUELO como evidencia de los desmanes bancarios ¿Qué hacer ante sus efectos?

Las cláusulas suelo son los derechos económicos que los bancos se asignaron de modo no negociado frente a los hipotecados en muchos contratos de hipoteca inmobiliaria. Estipulan que el interés mensual a pagar no puede ser inferior al establecido arbitrariamente por el banco, aunque el cálculo de la cuota resultase más beneficioso para el consumidor/cliente. Las últimas sentencias de los Juzgados apuntan a que debiera abonarse estrictamente el Euribor fijado por el Banco Central Europeo más el diferencial pactado sin intervenir un límite mínimo.

Vamos a ponerlo a modo de ejemplo:

  • Don Pedro tiene una vivienda hipotecada con un tipo de interés fijado en el Euribor + diferencial 0,90 %.
  • Don Pedro observa que el Euribor está en el 0,25 %; por lo tanto el tipo de interés es a satisfacer es del 1,15 %.
  • Sin embargo, el banco impone una cláusula por la que el importe de la hipoteca se referenciará como mínimo al 3%.
  • Cuando la CLÁUSULA SUELO despliega sus efectos, don Pedro no se beneficia de los estímulos financieros previstos y el banco obtiene, enriqueciéndose injustamente, un sobrevalor sobre el tipo de interés real a satisfacer. En definitiva, el interés que resulta de la operación no se aplica, sino que graciosamente el banco perjudica al hipotecado aplicando un 3%.

Resumiendo, sin haber contraprestación para el cliente, el banco se adueña de los rendimientos que genere ese 1´85% de interés (3% de interés que fija el banco – 1,15 % de interés que legalmente correspondería) sobre el montante total. Un dinero propiedad de don Pedro que, por la especial protección de la que gozan consumidores y usuarios, los jueces han determinado que no deberá pagarse por nuestro amigo Pedro y aquellos perjudicados que reclamen.

Ahondando en la cuestión…

Para una mejor comprensión de la polémica, hay que indicar previamente cómo funciona en nuestro sistema el interés bancario. El Banco Central Europeo es la institución encargada de fijar el Euribor, es decir, el tipo de interés aplicable a las hipotecas. Según el mismo, cuando un banco le concede un crédito a un cliente establece que el tipo de interés a devolver es el Euribor + un incremento porcentual libremente pactado (denominado diferencial).

Las entidades de crédito previeron una espiral deflacionista (devaluación del mercado) que revertiría en una mengua de sus beneficios; por lo que se resguardaron estableciendo un aumento del interés, consiguientemente de la hipoteca,  si se daban ciertas circunstancias como las que desde hace años se están dando, más concretamente: medidas para el abaratamiento del crédito consistentes en bajadas de tipos de interés que hagan crecer la maltrecha economía europea.

Los Tribunales Europeos y nacionales han actuado y así, en 2013, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de tales cláusulas. No obstante, dicha sentencia era irretroactiva, cuestión sobre la que debe pronunciarse el próximo 26 de abril el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La irretroactividad supone que no se devolverán las cantidades pagadas injustamente con anterioridad al acuerdo que elimine la CLÁUSULA SUELO de cada hipotecado. La argumentación del Alto Tribunal se sustenta en el mantenimiento del equilibrio del sistema financiero. Humildemente, es, cuando menos, discutible dicha tesis cuando se produce un desafuero como este.

Como conclusión, es viable y beneficioso que los afectados reclamen la anulación de la CLÁUSULA SUELO. Tras la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, que declara nulas por abusivas las CLÁUSULAS SUELO de 40 entidades bancarias, la seguridad que el hipotecado tiene para demandar su derecho a no pagar más de lo que corresponde ha aumentado muy considerablemente.

La transparencia del mercado no es una aspiración, sino que debe ser una exigencia por cuyo cumplimiento velamos todos los ciudadanos en la medida que nos compete. El lema de AFERU Abogados rememora una gran frase de Justiniano: “La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”.

Si le quedan dudas sobre lo anteriormente expuesto, le informamos con gran agrado en los teléfonos; 617 42 91 02 y 91 277 96 86; y, en el correo, aferu@aferuabogados.com.

Noticia de interés:

http://economia.elpais.com/economia/2016/04/08/actualidad/1460124866_503720.html

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IRPF 2015: LOS RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

¿Qué son rendimientos del trabajo?

 

Los rendimientos del trabajo se definen en el artículo 17.1 y 2 y se regulan del artículo 17 al 20 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (en adelante Ley).

Así, el artículo 17 establece que serán aquellas contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerario o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal, relación laboral o estatutaria.

En particular, se considerarán, entre otros, los sueldos y salarios, las prestaciones por desempleo, los gastos de representación, las dietas y gastos de viaje o las contribuciones a planes de pensiones realizadas por el promotor.

El apartado 2 establece además una expresa disposición de lo que deban entenderse también como rendimientos del trabajo, como, entre otras, las prestaciones derivadas de los sistemas de previsión social, las cantidades abonadas por razón de su cargo a diputados y senadores, los derivados de impartir cursos, conferencias o seminarios, o las pensiones compensatorias.

Cuidado con las prestaciones gratuitas de la empresa

 

Efectivamente, constituyen rendimientos del trabajo en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios gratuitamente o por precio inferior al de mercado, que se valorarán por su valor de mercado. No obstante, existen reglas especiales de valoración para según qué bienes se trate, tales como el uso de una vivienda,  de automóviles o incluso préstamos de la propia empresa al trabajador cuando conciertan un tipo de interés inferior al lega del dinero .

Valoración de Vivienda:

Si la vivienda utilizada es propiedad del pagador, la valoración se efectuará por el importe que resulte de aplicar el porcentaje del 10 por 100 sobre el valor catastral de la vivienda.

No obstante, en el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores (antes eran los revisados a partir de 1 de enero de 1994), el porcentaje aplicable sobre el valor catastral será del 5 por 100 ( La valoración resultante de la retribución en especie correspondiente a la utilización de vivienda que sea propiedad del pagador, no podrá exceder del 10 por 100 de las restantes contraprestaciones del trabajo)

En cambio, si la vivienda utilizada no es propiedad del pagador  la retribución se valorará  por el coste para el pagador de la vivienda, incluidos los tributos que graven la operación, sin que esta valoración pueda ser inferior a la que hubiera correspondido de haberse aplicado la regla anterior prevista para las viviendas propiedad del pagador, es decir, el 10 ó el 5 por 100 sobre el valor catastral de la vivienda.

Valoración Automóviles:

Cuando se trate de entrega, se valorará por el coste de adquisición para el empresario (IVA incluido).

Pero si el supuesto es de utilización, el valor será del 20 por 100 anual del coste. Y si el vehículo no es propiedad del pagador, el 20 por 100 se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si éste fuera nuevo.

Hay que advertir además que el ingreso a cuenta (el pago a cuenta que debe hacer el empresario para ingresar en el erario público), en cuanto no se haya repercutido al trabajador, dicho importe se añade al que resulte de la valoración en especie.

¿Qué reducciones existen sobre estos rendimientos?

 

Sobre el rendimiento íntegro cabe una reducción del 30% cuando exista rendimientos con un período de generación superior a dos años (indemnización por despido de un trabajador que ha permanecido más de dos años en la empresa) o bien, obtenidos de manera notoriamente irregular (indemnización de la seguridad social por lesiones no invalidante por ejemplo) en el tiempo y además, que en el plazo de los cinco períodos anteriores el contribuyente no hubiera percibido rendimientos generados en más de dos años y hubiera aplicado la reducción.

Aunque existe una excepción al requisito de obtenerlo en un mismo período impositivo cuando se trata de la extinción de una relación laboral común o especial, en el caso de que se cobren de forma fraccionada, será aplicable la reducción del 30 por 100 cuando el cociente resultante de dividir el número de años de generación, entre el número de períodos impositivos de fraccionamiento, sea superior a dos y, por otra parte, puede aplicar la reducción aunque en el plazo de los cinco períodos impositivos anteriores, el contribuyente hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior a dos años, a los que hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado.

Esta reducción tiene un límite anual conjunto de 300.000 euros.

¿Qué gastos son deducibles sobre el rendimiento neto?

 

El artículo 19 es el que se dedica a enumerar los conceptos por los que el contribuyente podrá deducirse del rendimiento íntegro, que a continuación expondremos:

  1. Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios.
  1. Las detracciones por derechos pasivos.
  1. Cotizaciones a los colegios de huérfanos o Instituciones similares.
  1. Las cuotas satisfechas a sindicatos
  1. Cuotas satisfechas a colegios profesionales. Será gasto deducible cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite de 500 euros anuales.
  1. Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que recibe los rendimientos.
  1. f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

Tratándose de contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo que acepten un puesto de trabajo que exija el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, se incrementará dicha cuantía, en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente, en 2.000 euros anuales adicionales.

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Y además…

 

Existen unas reducciones de carácter general que se obtienen por el simple hecho de obtener rendimientos del trabajo, con los, eso sí, siguientes límites:

Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 14.450 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:

  1. a) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 11.250 euros: 700 euros anuales.
  1. b) Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 11.250 y 14.450 euros: 700 euros menos el resultado de multiplicar por 1,15625 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 11.250 euros anuales.

 

Estos son los aspectos más destacables de la regulación dada a los rendimientos del trabajo en la ley, sin perjuicio de las particularidades existentes en muchos de sus elementos que no cabría aquí abordar por su amplitud.

La siguiente entrada la dedicaremos a los rendimientos del capital inmobiliario.

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¿POR QUÉ DEBES HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA?

La respuesta más adecuada a esta pregunta es que todo el mundo debe declarar las rentas obtenidas (con excepciones que contempla la norma) y obviamente a nadie le gusta. ¿Y para aquellos que no están obligados a declarar? A priori parece que lo más cómodo e inteligente es darse el gusto de no declarar las ganancias que hemos tenido durante el año, pero ojo, no cuesta nada echar un pequeño vistazo al borrador o propuesta de declaración y ver si, aun cuando no es necesario declarar,le han retenido de más, y resulta que le salga a devolver. Asimismo, el hecho de estar obligados a declarar tampoco significa que debamos pagar. Por lo que siempre conviene, al menos, fijarse en nuestros datos fiscales y analizar nuestra situación tributaria.

imagen renta

¿QUÉ ES EL BORRADOR?

El borrador es una propuesta de declaración que la Agencia Tributaria elabora en función de los datos ya consignados en su base de datos, es decir, le formula una declaración pero sólo con los datos que conoce de usted (retenciones, circunstancias familiares y personales, etc…). Pero no tiene por que saberlo todo de usted, es por ello que puede estar incompleto bien porque haya tenido usted más ingresos que desconoce y deba declarar, o bien porque haya tenido una serie de gastos que le convendría incluir o incluso por concurrir otras circunstancias de carácter personal (nacimiento de un hijo por ejemplo). Por tanto, es recomendable pararse un momento a pensar antes de confirmar dicha propuesta y ver si debemos o conviene completarla.

BENEFICIOS DE REVISAR EL BORRADOR POR UN PROFESIONAL

Al hilo de lo comentado, es aconsejable que el borrador sea revisado por un profesional que conozca los beneficios de los que pueda gozar antes de confirmar el borrador o, advertirle de la conveniencia de incluir rentas o ganancias que no aparecen, de cara a evitar llamadas de atención de la Agencia tributaria que conlleven cuotas adicionales a pagar e incluso sanciones.

A modo de ejemplo, podrían introducirse entre otros, cuotas sindicales de sindicatos a los que estemos afiliados, gastos de litigios con el empresario o las cuotas satisfechas de los colegios profesionales así como distintas reducciones en la base imponible de las aportaciones a sistemas de previsión social. O también para aquellos que tienen inmuebles arrendados pueden incluir una serie de gastos tales como reformas y gastos inherentes al inmueble (comunidad, tasas, incluso los intereses del préstamo adquirido para su adquisición, etc…).
También existen una serie de ventajas para aquellos autónomos que hayan iniciado una actividad durante 2015 o para todos los autónomos una serie de gastos vinculados con la obtención de ingresos.

Es decir, reducciones, gastos o deducciones que iremos publicando paulatinamente de manera más detallada para cada tipo de renta y ganancia.

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A DECLARAR?

Con carácter general, todos los contribuyentes están obligados a declarar. Sin embargo la ley establece excepciones que, insistimos, hay que revisar porque puede resultar ventajoso el hecho de declarar.

A) Rendimientos del Trabajo: aquellos que perciban más de 22.000 euros anuales (brutos) o más de 12.000 euros cuando procedan de más de un pagador (y el segundo y restantes pagadores superen globalmente 1500 euros) o cuando se perciban pensiones compensatorias, cuando el pagador no esté obligado a retener y cuando el rendimiento esté sujeto a un tipo fijo de retención.

B) Capital Mobiliario y Ganancias Patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta cuando se perciba más de 1.600 euros.

C) Imputación de rentas y letras del tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial cuando superen los 1.000 euros.

D) Contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos del trabajo, de capital o de actividades profesionales, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros brutos anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

¿QUÉ RENTAS NO HAY QUE DECLARAR?

Por supuesto, la ley introduce un abanico de rentas que aun estando sujetas, quedan exentas de tributación. Citamos las más relevantes y habituales, sin perjuicio del cumplimiento de ciertos requisitos en algunas de ellas:

-Indemnizaciones por despido hasta el límite de 180.000 euros

-Indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales

-Prestaciones de la Seguridad Social (o entidad que la sustituyan) en concepto de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

-Pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas.

-Las becas públicas

-Las cantidades percibidas por los hijos de sus padres en concepto de anualidades por alimentos en virtud de decisión judicial

-Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes declarados exentos por la Administración tributaria.

-Las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único.

-Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, con el límite de 60.100 euros anuales.

-Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones Públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos

-Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación en misiones internacionales de paz o humanitarias a los miembros de dichas misiones.

OS RECORDAMOS QUE PAULATINAMENTE, IREMOS ANALIZANDO CADA UNO DE LOS TIPOS DE RENTA.

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Daños y perjuicios

En Derecho, daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo que sufre una persona por la acción u omisión de otra y que afecta a sus derechos personales o reales.

La indemnización por daños y perjuicios es la acción de la que dispone el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado.

Esta obligación de resarcir el daño puede surgir por dos vías: contractual o extracontractual. La contractual se da cuando una de las partes incumple una o varias de sus obligaciones contractuales provocando así un daño a la otra parte, mientras que la extracontractual deriva de una acción u omisión (que puede constituir delito) que produce un daño a una o varias personas.

También podemos distinguir entre daño material o patrimonial y daño moral. El daño material o patrimonial es el que recae sobre un objeto o bien, directa o indirectamente. A la hora de valorarlo se tiene en cuenta el daño emergente, que es la misma pérdida o deterioro del bien y el lucro cesante, que son los beneficios futuros que ya no se percibirán a consecuencia de este daño. El daño moral podría definirse como el sufrimiento personal que el daño material ha provocado en el sujeto.

El problema llega a la hora de resarcir el daño. ¿Cómo cuantificarlo? La cuestión se plantea particularmente en el daño moral, pues el patrimonial es relativamente fácil delimitarlo, incluso en determinados casos existen tablas que lo cuantifican.

En relación al moral, su indeterminación y subjetividad y, por tanto, su difícil valoración hace que las cantidades de las indemnizaciones puedan llegar a dispararse.

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Delito y falta en el Derecho Penal. ¿Qué ocurrirá con la desaparición de las faltas?

Tanto el delito como la falta se definen como una conducta (por acción u omisión) típica (recogida por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable. La razón principal por la que es contraria a Derecho es que daña el bien jurídico protegido, concepto clave en el Derecho Penal.

El bien jurídico protegido es el bien, material o inmaterial, que el Derecho intenta preservar, como por ejemplo: la vida, la propiedad privada, la integridad física, etc. En general, derechos y libertados fundamentales para el ser humano.

Los delitos y faltas vienen recogidos, como ya hemos dicho, en el Código Penal junto con sus correspondientes penas. El propio Código clasifica las penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. Así, son consideradas delitos las infracciones que tienen asignada una pena grave o menos grave; y faltas, las castigadas con penas leves.

Por citar algunas, penas graves y menos graves suelen ser cárcel, inhabilitaciones por tiempo prolongado u órdenes de alejamiento también por tiempo prolongado; mientras que las penas leves suelen ser multas, trabajos en beneficios de la comunidad, etc.

Además, mientras que en el caso del delito son punibles tanto el hecho consumado como la tentativa, en las faltas solo se castigan las consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas o el patrimonio.

Ahora bien, con la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley Orgánica 1/2015 que reforma ampliamente el Código Penal, desaparece la figura de las faltas, que pasan a ser delitos leves o infracciones administrativas, según el caso. ¿Qué supone la pérdida de esta figura?

A partir de ahora, los hechos que antes constituían falta y ahora delito leve verán incrementadas así sus penas; además de que al cambiar su consideración de meras faltas a delitos darán lugar a antecedentes penales.

Por otro lado, las faltas reconvertidas en infracción administrativa, al salirse de la jurisdicción penal suponen una pérdida de las garantías procesales que los procesos penales otorgan. Sin olvidar de que recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa implica el pago de tasas procesales, coste añadido que no existe en la vía penal.

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En marcha nuevas funciones para los notarios

¿Qué propone el proyecto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria? El Congreso ya ha dado luz verde y todo indica que el proyecto saldrá adelante.

Si todo ocurre según lo previsto, tanto notarios como registradores de la propiedad verán ampliadas sus funciones y podrán, previo pago de una cantidad, casar, separar o divorciar, estos dos últimos solo en caso de que sea de mutuo acuerdo y no haya menores o discapacitados implicados. Estas funciones podrían realizarlas incluso los secretarios judiciales (gratuitamente, en este caso) según propone una enmienda al proyecto.

¿Tendrá la misma validez casarse o divorciarse ante notario que de la manera tradicional? Por supuesto, un matrimonio ante notario será tan válido como el celebrado por un edil, al igual que un divorcio ante notario tendrá el mismo efecto y valor que una sentencia de divorcio dictada por un juez.

Se unen así estas a la larga lista de funciones que desempeñan los notarios, figuras clave en el mundo legal, aún fuera de los juzgados. Y es que no solo se limitan a dar fe pública de las escrituras de propiedad. También homologan acuerdos privados, que al presentarse ante ellos adquieran fuerza ejecutiva. Además, frente a ellos se pueden llevar a cabo actos de jurisdicción voluntaria como otorgar testamento o hacer donaciones en vida. Incluso muchas sociedades económicas se crean por escritura pública ante notario.

En definitiva, podría decirse que la labor principal de los notarios es otorgar validez legal a un sinfín de actos o acuerdos entre particulares, con la presunción de verdad que aporta su presencia.

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“La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho”

A Justiniano debemos la frase que encabeza esta web y la filosofía de nuestro despacho.

Y ahora bien, ¿quién fue? Justiniano fue emperador del Imperio romano de Oriente desde el 527 hasta su muerte en el año 565.

Se cree que nació entorno al 482, proveniente de una familia humilde y de lengua latina, su suerte cambió tras ser adoptado por su tío Justino. Y a él fue a quien sucedió como emperador tras su muerte.

Se dice de él que como gobernante era un trabajador incansable y que, tal vez por sus orígenes humildes, no basó su poder en la aristocracia sino que sabía elegir la gente de la que se rodeaba no por su origen aristocrático sino por sus propios méritos y talento. Aún así, no todo fue coser y cantar durante su reinado, estuvo a punto de perder el trono por culpa de los disturbios de Niká al comienzo del éste y la segunda mitad de su mandato se vio afectada por la epidemia de peste, que se recrudeció a partir del 542.

Su influencia en el derecho

A él hay que agradecerle que el derecho romano haya llegado hasta nuestros días gracias a la compilación que impulsó.

Partiendo de la premisa de que la existencia de una comunidad política se basa en las armas y las leyes, Justiniano se preocupó especialmente por la legislación y ha pasado a la historia como el inspirador del “Corpus Iuris Civilis”, realizado entre los años 529 y 534 bajo su mandato y en el que se recoge y armoniza todo el derecho romano.

El “Corpus Iuris Civilis” estaba compuesto por el “Código Justiniano”, un código de leyes imperiales vigentes; el “Pandectas” o “Digesto”, una recopilación de dictámenes jurídicos; e “Instituciones”, un manual para la enseñanza del Derecho. Además, todas las leyes que él mismo promulgó después de la compilación fueron añadidas al código en las “Novelas”.

Así, a él y a su codificación le debemos los comienzos del Derecho tal y como lo conocemos hoy día.

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