Daños y perjuicios

En Derecho, daño es el detrimento, perjuicio o menoscabo que sufre una persona por la acción u omisión de otra y que afecta a sus derechos personales o reales.

La indemnización por daños y perjuicios es la acción de la que dispone el acreedor o el perjudicado para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado.

Esta obligación de resarcir el daño puede surgir por dos vías: contractual o extracontractual. La contractual se da cuando una de las partes incumple una o varias de sus obligaciones contractuales provocando así un daño a la otra parte, mientras que la extracontractual deriva de una acción u omisión (que puede constituir delito) que produce un daño a una o varias personas.

También podemos distinguir entre daño material o patrimonial y daño moral. El daño material o patrimonial es el que recae sobre un objeto o bien, directa o indirectamente. A la hora de valorarlo se tiene en cuenta el daño emergente, que es la misma pérdida o deterioro del bien y el lucro cesante, que son los beneficios futuros que ya no se percibirán a consecuencia de este daño. El daño moral podría definirse como el sufrimiento personal que el daño material ha provocado en el sujeto.

El problema llega a la hora de resarcir el daño. ¿Cómo cuantificarlo? La cuestión se plantea particularmente en el daño moral, pues el patrimonial es relativamente fácil delimitarlo, incluso en determinados casos existen tablas que lo cuantifican.

En relación al moral, su indeterminación y subjetividad y, por tanto, su difícil valoración hace que las cantidades de las indemnizaciones puedan llegar a dispararse.

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Delito y falta en el Derecho Penal. ¿Qué ocurrirá con la desaparición de las faltas?

Tanto el delito como la falta se definen como una conducta (por acción u omisión) típica (recogida por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable. La razón principal por la que es contraria a Derecho es que daña el bien jurídico protegido, concepto clave en el Derecho Penal.

El bien jurídico protegido es el bien, material o inmaterial, que el Derecho intenta preservar, como por ejemplo: la vida, la propiedad privada, la integridad física, etc. En general, derechos y libertados fundamentales para el ser humano.

Los delitos y faltas vienen recogidos, como ya hemos dicho, en el Código Penal junto con sus correspondientes penas. El propio Código clasifica las penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. Así, son consideradas delitos las infracciones que tienen asignada una pena grave o menos grave; y faltas, las castigadas con penas leves.

Por citar algunas, penas graves y menos graves suelen ser cárcel, inhabilitaciones por tiempo prolongado u órdenes de alejamiento también por tiempo prolongado; mientras que las penas leves suelen ser multas, trabajos en beneficios de la comunidad, etc.

Además, mientras que en el caso del delito son punibles tanto el hecho consumado como la tentativa, en las faltas solo se castigan las consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas o el patrimonio.

Ahora bien, con la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley Orgánica 1/2015 que reforma ampliamente el Código Penal, desaparece la figura de las faltas, que pasan a ser delitos leves o infracciones administrativas, según el caso. ¿Qué supone la pérdida de esta figura?

A partir de ahora, los hechos que antes constituían falta y ahora delito leve verán incrementadas así sus penas; además de que al cambiar su consideración de meras faltas a delitos darán lugar a antecedentes penales.

Por otro lado, las faltas reconvertidas en infracción administrativa, al salirse de la jurisdicción penal suponen una pérdida de las garantías procesales que los procesos penales otorgan. Sin olvidar de que recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa implica el pago de tasas procesales, coste añadido que no existe en la vía penal.

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En marcha nuevas funciones para los notarios

¿Qué propone el proyecto de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria? El Congreso ya ha dado luz verde y todo indica que el proyecto saldrá adelante.

Si todo ocurre según lo previsto, tanto notarios como registradores de la propiedad verán ampliadas sus funciones y podrán, previo pago de una cantidad, casar, separar o divorciar, estos dos últimos solo en caso de que sea de mutuo acuerdo y no haya menores o discapacitados implicados. Estas funciones podrían realizarlas incluso los secretarios judiciales (gratuitamente, en este caso) según propone una enmienda al proyecto.

¿Tendrá la misma validez casarse o divorciarse ante notario que de la manera tradicional? Por supuesto, un matrimonio ante notario será tan válido como el celebrado por un edil, al igual que un divorcio ante notario tendrá el mismo efecto y valor que una sentencia de divorcio dictada por un juez.

Se unen así estas a la larga lista de funciones que desempeñan los notarios, figuras clave en el mundo legal, aún fuera de los juzgados. Y es que no solo se limitan a dar fe pública de las escrituras de propiedad. También homologan acuerdos privados, que al presentarse ante ellos adquieran fuerza ejecutiva. Además, frente a ellos se pueden llevar a cabo actos de jurisdicción voluntaria como otorgar testamento o hacer donaciones en vida. Incluso muchas sociedades económicas se crean por escritura pública ante notario.

En definitiva, podría decirse que la labor principal de los notarios es otorgar validez legal a un sinfín de actos o acuerdos entre particulares, con la presunción de verdad que aporta su presencia.

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