Delito y falta en el Derecho Penal. ¿Qué ocurrirá con la desaparición de las faltas?

Tanto el delito como la falta se definen como una conducta (por acción u omisión) típica (recogida por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable. La razón principal por la que es contraria a Derecho es que daña el bien jurídico protegido, concepto clave en el Derecho Penal.

El bien jurídico protegido es el bien, material o inmaterial, que el Derecho intenta preservar, como por ejemplo: la vida, la propiedad privada, la integridad física, etc. En general, derechos y libertados fundamentales para el ser humano.

Los delitos y faltas vienen recogidos, como ya hemos dicho, en el Código Penal junto con sus correspondientes penas. El propio Código clasifica las penas, en función de su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves. Así, son consideradas delitos las infracciones que tienen asignada una pena grave o menos grave; y faltas, las castigadas con penas leves.

Por citar algunas, penas graves y menos graves suelen ser cárcel, inhabilitaciones por tiempo prolongado u órdenes de alejamiento también por tiempo prolongado; mientras que las penas leves suelen ser multas, trabajos en beneficios de la comunidad, etc.

Además, mientras que en el caso del delito son punibles tanto el hecho consumado como la tentativa, en las faltas solo se castigan las consumadas, con la excepción de las intentadas contra las personas o el patrimonio.

Ahora bien, con la entrada en vigor el 1 de julio de la Ley Orgánica 1/2015 que reforma ampliamente el Código Penal, desaparece la figura de las faltas, que pasan a ser delitos leves o infracciones administrativas, según el caso. ¿Qué supone la pérdida de esta figura?

A partir de ahora, los hechos que antes constituían falta y ahora delito leve verán incrementadas así sus penas; además de que al cambiar su consideración de meras faltas a delitos darán lugar a antecedentes penales.

Por otro lado, las faltas reconvertidas en infracción administrativa, al salirse de la jurisdicción penal suponen una pérdida de las garantías procesales que los procesos penales otorgan. Sin olvidar de que recurrir en la jurisdicción contencioso-administrativa implica el pago de tasas procesales, coste añadido que no existe en la vía penal.

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